La autorización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dispuesta por el Juez Federal Federico Faggionatto Márquez, para construir un camino que atraviese la Reserva Natural de Otamendi, en la ciudad bonaerense de Campana, fue denunciada por los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN).
“Esta decisión contradice un fallo dispuesto por el mismo tribunal en 2005, y habilitaría a una empresa privada a construir un camino que atravesaría un sector de alto valor ambiental”, alertaron los trabajadores por medio de un comunicado.
La amenaza sobre la Reserva Otamendi, que recientemente recibió el status de humedal de importancia internacional al ser designada como Sitio Ramsar, se inició en el año 2000, cuando una empresa privada solicitó construir el camino, pedido que fue desestimado por la APN tras años más tarde.
El emprendimiento inmobiliario "Puerto Palmas, Pueblo Ecológico", de la empresa Brenna y Asociados, que posee terrenos en la costa del río Paraná, busca contar con un acceso "excéntrico" -dice el comunicado-, "a través de una Reserva Natural para distinguirse de los diferentes countries del gran Buenos Aires".
En 2005, el Juez Federal Federico Faggionatto Márquez rechazó el amparo presentado por un particular para la construcción de ese camino al desconocer que la existencia del mismo sea anterior a la creación de la Reserva.
"La necesidad de contar con la realización de un Estudio de Impacto ambiental (EIA) del que pudieran surgir alternativas, de lo que infiero que aún no se han agotado las instancias de un análisis exhaustivo de la materia ambiental con la profundidad científica que tan delicada cuestión exige necesariamente", argumentó el magistrado en esa oportunidad.
Desde el comienzo del conflicto, se evaluaron alternativas que quedaron plasmadas en el fallo judicial de 2005 al asegurarse que "la Administración Parques Nacionales, mediante la Resolución número 477/01, autoriza a la Municipalidad de Campana a la apertura de un camino de acceso alternativo a partir del camino Islas Malvinas hacia el paraje Los Ciervos".
"En esta alternativa, en cambio, sí estamos en presencia de un camino mejorado de tierra de existencia actual, el que naciendo en la estación de ferrocarril Otamendi (la próxima siguiente a la estación Río Luján, dirección sur–norte) llega a la costa del Río Paraná de las Palmas, restando únicamente la construcción del tramo faltante para acceder a las tierras de propiedad del actor”, continuo el dictamen de 2005.
“En tal sentido –agregó-, la posibilidad y factibilidad de ejecución por parte de la mentada comuna del tramo señalado, excede inequívocamente los límites de debate y prueba que corresponden a la acción de amparo invocada".
Finalmente, el juez no dejó dudas al declarar que, "conforme lo expuesto se colige la inexistencia del presupuesto normativo de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la actuación de la demandada: Administración de Parques Nacionales, por lo que no cabe sino concluir que corresponde desestimar la acción de amparo instaurada”.
Sin embargo, “el mismo Faggionatto Márquez, sorpresivamente, cambió de postura y autorizó en marzo de este año a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aunque no se especifica qué autoridad ambiental es la que debe aprobarlo”, denunciaron los trabajadores.
En un acta que se firmó luego del fallo judicial de 2005, se determinó que ese EIA debía cumplir con la reglamentación de la APN, pero los trabajadores denunciaron que “se está avanzando con los estudios sin consultar a la APN acerca de los términos de referencia que se deben tener en cuenta para realizar una evaluación seria".
Las autoridades de la APN apelaron la sentencia en la Justicia, pero los trabajadores creen que no es suficiente, ya que por el efecto devolutivo del fallo del juez se habilita a realizar el camino aunque no se haya resuelto la apelación, por lo cual "han querido entrar a la reserva con topadoras para hacer mediciones y demarcaciones de la traza".
Las organizaciones ambientalistas temen que los resultados de un Estudio de Impacto Ambiental que carece de los parámetros fijados por la Administración de Parques Nacionales luego sea aprobado por el municipio de Campana o por la provincia de Buenos Aires y aceptado por la Justicia.
“De esa manera, se estaría avanzando sobre las tierras protegidas de la Reserva de Otamendi poniendo en peligro la sustentabilidad del lugar”, precisaron.
De las 3 mil hectáreas que ocupa la reserva, aproximadamente el 90 por ciento son zonas bajas e inundables, por lo que, dada su ubicación geográfica dentro de la zona más densamente poblada del país, presenta una enorme importancia como humedal.
La Reserva Otamendi regula el caudal de las aguas, que se depositan en los bajíos de la reserva evitando las crecidas súbitas y consecuentes inundaciones. Actúa como un enorme filtro depurando las aguas contaminadas, mejorando la calidad de éstas y recargando las napas que abastecen de agua dulce a las comunidades locales.
Es además uno de los pocos espacios de investigación, educación y recreación para los habitantes del noreste de la provincia de Buenos Aires y también de gran interés por su cercanía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina y la ciudad más poblada del país.
La Reserva fue el 1º Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) del país y fue declarada Sitio Ramsar el 22 de marzo de 2008, Día Mundial del Agua.
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