El país espía

En el país conviven 35 servicios de inteligencia civiles y militares. Una enmarañada red de espionaje que gasta al año decenas de millones de pesos y que nadie controla. La ley de inteligencia no se aplica y la comisión parlamentaria encargada de fiscalizar sus gastos hasta ahora no pudo cumplir con su deber

Qué hacer con la legendaria SIDE, esta SIDE desmadrada, se preguntan ahora --acariciando sus barbillas-- analistas, cientistas políticos y algunos legisladores, patrocinantes, en fin, de un cambio severo en las estructuras del organismo de inteligencia hoy acusado no ya de ineficaz o de macartista, como otrora, sino de coimero de seis dígitos. 

Resulta intolerable, dicen, que nadie controle cómo gasta la SIDE sus recursos: en el corriente ejercicio exactamente 238.885.000 pesos. 

Aunque la preocupación suena republicana y saludable, por dos motivos resulta sorprendente. El primero es que la SIDE no existe más. Acaban de cumplirse dos años de su deceso. No es éste un secreto de esos que la propia inteligencia amasa enviciada en su esencia, sino algo público y notorio. Pero nadie se esmera en recordar que la Secretaría de Inteligencia del Estado fue abolida, quizá porque eso fue dispuesto --mera casualidad-- en la época en que el país entraba en llamas y asuntos mucho más inquietantes competían por las primeras planas. La SIDE no existe más desde que el 6 de diciembre de 2001 la ley 25.520 la reemplazó por la SI (debería decirse "ese-i"), la Secretaría de Inteligencia a secas. 

El segundo motivo es que toda la inteligencia estatal, que durante décadas se rigió por normas de, entre otros, los gobiernos de facto de Aramburu y Onganía, ya fue reorganizada hace 25 meses mediante un diseño que llevó diez años de análisis. Habrá quien diga que diez años sin completar una ley (la de inteligencia había quedado encargada en el artículo 46 de la ley de Defensa) es más modorra parlamentaria --o acaso lobbie retardatario de las viejas estructuras acostumbradas a perseguir opositores internos-- que reflexión. Pero en todo caso el resultado son 53 sesudos artículos distribuidos en diez títulos, la ley 25.520, que no produjo un mero cambio de nombre de la SIDE sino que barajó todo y dio de nuevo, ajustándolo, se explicó entonces, a las exigencias de la democracia.

Por eso existe en los papeles un Sistema de Inteligencia de la Nación (SIN), están penalizadas por primera vez las escuchas telefónicas ilegales, los agentes secretos pueden trabajar en asuntos criminales siempre que lo hagan bajo órdenes judiciales y, lo que más a cuento viene, hay un revolucionario mecanismo de control parlamentario, según los expertos uno de los más poderosos de América latina, no sólo para auscultar el gasto de inteligencia sino la calidad del servicio. 

El único problema es que la ley, al día de hoy, no se aplica, o por lo menos sus términos sustanciales se encuentran demorados. "Puedo asegurarle que la SIDE (sic) ya no hace una sola escucha telefónica sin orden judicial", es lo primero que dicen los responsables del área cuando se les pregunta qué cambió desde que rige la ley de Inteligencia. "Imagínese: gastamos alrededor de 500 mil pesos anuales sólo en casetes, grabando conversaciones a pedido de los jueces, porque no se pueden regrabar". 

¿Y el resto de las reformas? ¿Y el Sistema Nacional de Inteligencia? "Lo estamos implementando", contestan, "hay muchas resistencias". Algunos aluden a los militares, reacios durante el tratamiento de la ley a abandonar por completo la inteligencia interior. Otros se refieren a la indocilidad de "la línea", agentes profesionales que llevan en la sangre la cultura del secreto y no conciben que en este métier de operaciones especiales, identidades cambiadas y vidas oscuras se deban rendir cuentas puertas afuera. 

Más allá del supuesto coto al manejo discrecional de las pinchaduras telefónicas y, en definitiva, a las legendarias acciones de inteligencia política interna a favor del poder de turno, lo cierto es que la legislación no parece haber erradicado otras viejas costumbres de los servicios, como la del trabajo insular, mayor profesionalismo al margen. Antes no había orden legal específico, pero ahora que lo hay la gran ínsula parece seguir intacta. Coexisten dos mundos en materia de inteligencia: el legal y el real. 

El legal --basta leer las normas-- es un reloj suizo. El secretario de Inteligencia que designa el Presidente coordina tres grandes estamentos (la SI, la inteligencia estratégica militar y la inteligencia criminal), ejecuta un Plan Nacional de Inteligencia y le rinde cuentas --en secreto-- al Congreso, cuya comisión bicameral especializada es competente hasta para supervisar los gastos reservados. 

Atomización 

El real exhibe una atomización de recursos formidable y, según todos los agentes, funcionarios y ex funcionarios consultados para esta nota, carece de coordinación efectiva. Se estima que conviven en el Estado 35 servicios de inteligencia, de los cuales 12 pertenecen a reparticiones nacionales. 

Además de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), tienen sus propios servicios el Ejército y la Armada. La Fuerza Aérea no dispone de uno sino de dos, porque la Policía Aeronáutica (PAN), especializada en aeropuertos, cuenta con un servicio propio. Usan cada cual el suyo la Gendarmería y la Prefectura. Por supuesto, está el de la Policía Federal, el más desarrollado entre los no militares fuera de la ex SIDE, y hay otro en el Servicio Penitenciario Federal, por obvias razones señalado a menudo como el más apto para hacer inteligencia criminal. Hay un bureau de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Interior. La AFIP cuenta también con oficinas de inteligencia, tanto en la DGI como en la Aduana. Y luego está la Unidad de Información Financiera (UIF), inserta en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo papel en la inteligencia estatal es sustancial, ya que se ocupa del lavado de dinero, espina dorsal del narcotráfico. 

Es verdad que no todas las provincias disponen de un servicio de inteligencia organizado como tal y que la inteligencia de la Policía bonaerense no compite en magnitud, por ejemplo, con su análoga jujeña, a su vez mucho más discreta que la santiagueña, cuyo responsable apareció involucrado meses atrás en resonantes crímenes. En algunas provincias, la inteligencia depende del jefe de policía y, en otras, del ministro del Gobierno. Pero a los efectos del cruce y aprovechamiento de información, todas padecen del mismo síndrome que los actores del sistema le diagnostican a los servicios nacionales, el encapsulamiento. 

"Para resolver la atomización y superposición de funciones en los organismos de inteligencia, que es mala, se dictó la ley 25.520, por la cual es el Presidente de la Nación quien define el Plan Nacional de Inteligencia y coloca en la cabeza de la Secretaría de Inteligencia el papel de coordinación de todo el sistema", dice Miguel Angel Toma, que estuvo al frente de la SIDE durante once meses durante la presidencia de Duhalde. Con palabras cuidadas, Toma advierte: "No se puede ser tan ingenuo como para pensar que una ley por sí sola puede modificar conductas institucionales; además del instrumento legal se requiere voluntad política para imponerlo". 

Si la ley de Inteligencia funcionara, ya tendrían que estar en marcha con todos sus recursos, a la par de la SI, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (ver aparte), en el Ministerio de Defensa, a partir de las cuales se articularía todo el sistema. Pero esas áreas no tienen asignaciones determinadas en el Presupuesto Nacional vigente. 

Según la ley, el titular de la SI (ahora el santacruceño Héctor Icazuriaga), en su carácter de jefe del Sistema Nacional, debería nutrirse de los aportes de los servicios militares y de las fuerzas de seguridad. Extrañamente, la ley no previó integrar al sistema a la inteligencia de las provincias. Tampoco al Servicio Penitenciario Federal. Un ex funcionario de esta área que, como es habitual en el ramo, pidió reserva de su nombre, dijo que la inteligencia penitenciaria "dispone de mucha información sobre drogas, pero nunca nos invitan", en referencia al postergado objetivo de compartir información con otros organismos. También explicó que en las cárceles argentinas está prohibido el uso de Internet, por lo que no hay e-mails para interceptar, que las escuchas telefónicas son ilegales --lo cual no significa que no se hagan-- y que el uso del "buchón", fuente privilegiada del servicio de guardacárceles, no tiene marco legal. 

Control parlamentario 

En cuanto al control parlamentario, ya se sabe, poco y nada ha hecho la comisión bicameral creada por la Ley de Inteligencia, sucesora de otra comisión de senadores y diputados que es hija de la ley de Seguridad Interior. Aquella incluía el seguimiento de los organismos de seguridad. La nueva bicameral (siete legisladores de cada cámara) tuvo como primer presidente al diputado justicialista Carlos Alessandri, que de inmediato abandonó su puesto para intervenir en la fallida campaña presidencial de su mentor político, José Manuel de la Sota. Asumió más tarde el diputado duhaldista Juan Carlos Correa, que pronto encontró el año perdido, porque en cuestión de meses lo sorprendía el recambio parlamentario y el traslado al Senado de la presidencia rotativa de la comisión. Así llegó el turno del senador justicialista fueguino Mario Domingo Daniele, hoy de estreno, un sindicalista --menemista aggiornado-- que llegó a ser intendente de Ushuaia, con escasa experiencia en materia de inteligencia, fuera del hecho de que integró la Comisión de Defensa y es autor de un proyecto de ley sobre secreto de Estado. 

Hasta ahora, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia --así se llama-- no tuvo ocasión de evaluar ningún Plan Nacional de Inteligencia, como manda la ley. Apenas si se conocen entre sí, de modo que sus miembros debieron haberse visto sorprendidos cuando la prensa comenzó a preguntarse qué sabían ellos sobre los gastos reservados de la SIDE de Fernando de Santibañes. 

Si todo anda bien, Icazuriaga deberá enviar en marzo (dentro de los 10 días de iniciado el período de sesiones ordinarias, se exige) su primer Informe Anual, desde luego que secreto. El nivel de detalle que ofrezca ese debut, tanto en materia de operaciones de inteligencia como de gastos discriminados, es un misterio. Según un miembro de la comunidad de inteligencia argentina estrechamente vinculado con la CIA que aceptó conversar con LA NACION en una oficina del microcentro porteño, en Estados Unidos un legislador que integra la comisión de control tiene acceso a una gran cantidad de información secreta y dispone de enorme poder. "La gran diferencia --dijo--, además del presupuesto, que allá alcanza los 28 mil millones de dólares (a la CIA le corresponde el 17%), es cultural, de tradición, y está vinculada con el secreto, que ellos tienen legislado y nosotros no. En la Cámara de Representantes son 19 miembros y en el Senado, 15, a diferencia de otras comisiones no son permanentes, y son seleccionados por los respectivos líderes de la mayoría y la minoría. Pero el presupuesto de inteligencia es un resorte del director de la Central Intelligence (DCI), quien no informa sobre su discriminación". 

Héctor Maya, un ex senador que integró durante seis años la vieja comisión bicameral y más tarde tuvo un paso fugaz por la SIDE como número dos, dice que en el Congreso conoció una parte menor de lo que hacía la inteligencia. "Cuando llegué a la SIDE accedí a información caliente que obviamente no puede ser compartida por 14 personas de una comisión." 

¿Sabrán los flamantes miembros de la bicameral que preside Daniele (entre ellos el senador oficialista Angel Pichetto, el opositor Oscar Castillo y los diputados Oscar Rodríguez, ex número dos de la SIDE con Duhalde, y Nilda Garré, frepasista) cómo leer el artículo 32 de la ley de Inteligencia? Dice allí textualmente: "La Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio".

Autor: Pablo Mendelevich
Fuente: La Nación
País: Argentina
Enviado por: Adriana Pontacuesta
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